El Caballero de la Triste Figura

Publicado en el blog de PIRATA:

“ESCUELA 2.0″ NO ES UN PROYECTO BASADO EN LA WEB 2.0

Los sistemas “2.0″ se basan en redes distribuidas en las que cada elemento del sistema se conecta directamente con todos los demás sin necesidad de pasar por un control central. En esta arquitectura el control de calidad recae sobre cada uno de los elementos de la red, que promocionará aquellas ideas que le resulten mas interesantes e ignorará aquellas con las que no esté de acuerdo, aunque sin poder llegar a bloquearlas pero con la posibilidad de explicar por qué está en desacuerdo con ellas e iniciando, de esta forma, un diálogo para su mejora y una búsqueda de consenso. La consecuencia es la tendencia hacia la diversidad en las ideas y el enriquecimiento cultural.

Pues bien, el proyecto “Escuela 2.0″, recientemente anunciado por el presidente del ejecutivo como una propuesta de mejora del sistema educativo, no es un proyecto “2.0″ a pesar de su nombre:

• El desarrollo del proyecto “Escuela 2.0″ está basado mas en la tecnología y los contenidos que en la participación. Según publicó ayer el diario El País durante los últimos tres meses el ejecutivo ha mantenido conversaciones con operadores, fabricantes y editores para definir las lineas generales del proyecto, y teniendo en cuenta las relaciones entre el diario El País y la editorial Santillana (uno de los principales productores de libros de texto de España) cabe presumir que la información del artículo procede directamente de uno de los participantes en dicho diálogo. Nada se sabe, en cambio, de la participación del profesorado en la definición de dicho proyecto.

• El proyecto “Escuela 2.0″ cuenta con la industria editorial para la elaboración de contenidos, que estarán protegidos por copyright. Los contenidos que necesita el proyecto “Escuela 2.0″ podrían haber tenido dos posibles orígenes: la industria editorial y el profesorado. Nada se sabe de la posible participación del profesorado, que apenas dispone de información sobre el citado proyecto, pero según el artículo ayer publicado por El País si que se ha invitado a participar a los editores. La postura de los editores al respecto es la de ANELE, la Asociación Nacional de Editores de Libros y material de Enseñanza, que en sus Reflexiones y propuestas sobre la gratuidad de los libros de texto en España dice que

Es evidente que tiene que haber autores que creen los contenidos educativos y, también, que el editor es quien tiene que decidir sobre los formatos, la interoperatividad y la protección de sus contenidos digitales. Por ello, las editoriales deben ser protagonistas fundamentales de la generación de los contenidos educativos digitales y de su oferta comercial en las nuevas tecnologías.

Y la publicación de contenidos por parte de las administraciones públicas (calificada por El País como intrusismo) es vista por parte de ANELE como un problema en el que la propia administración le da la razón

A pesar de los esfuerzos de la Administración General del Estado por reducir la edición pública, los editores que son organismos oficiales dependientes de las diversas administraciones suponen el 17,6% de los agentes editores en España y en torno al 12% de la producción editorial.

El propio análisis del Ministerio de Cultura reconoce y parece lamentar “la importante significación del peso de la edición pública procedente, sobre todo, de instituciones educativas y Administraciones Autonómicas y Locales”.

Existe un claro rechazo por parte de ANELE al préstamo de libros

La fórmula de préstamo, que consiste en la utilización sucesiva de los libros de texto, resulta lesiva para los derechos de autor, pues los contratos de edición están concebidos en la utilización individual y se están reutilizando sin que se haya previsto obtener una remuneración por ello.

Y también de la copia

La lacra de la fotocopia ilegal, tan extendida en nuestro país y en casi todos los ámbitos de la administración, alcanza proporciones pavorosas en la enseñanza, a pesar de que la Ley de Propiedad Intelectual prohíbe expresamente la reproducción de libros de texto y exige solicitar la correspondiente autorización para su explotación.

Por lo tanto no resulta nada extraño que en el artículo de El País se exponga la presunta necesidad de que todo libro de texto deba ser aprobado por un centro nacional de homologación, y que todo material digital incluya algún tipo de sistema anticopia, pagando cada alumno una licencia de uso personal que le autorice el uso de dicho material.

• El proyecto “Escuela 2.0″ ha ignorado, en su desarrollo, al profesorado de este país. De hecho durante los últimos tres meses se ha negociado con con los operadores, fabricantes y editores, pero no con los profesores, que no tienen mas información sobre este proyecto que la que se ha proporcionado a los medios. Según El País será presentado en la Conferencia Sectorial de Educación del próximo día 19 para negociarlo con los 17 consejeros autonómicos: a poco mas de un mes de las vacaciones de verano, por lo que apenas habrá tiempo de informar al profesorado, y mucho menos de darle la adecuada y prometida formación previa, antes de encontrarse con la “Escuela 2.0″  al regresar del verano. No parece, por tanto, que la administración les reserve un papel como principales generadores de contenidos (de ser así hubiese hablado con ellos, y no con los editores) sino como meros transmisores de los contenidos que les sean indicados.

• El proyecto “Escuela 2.0″ podría impedir el intercambio de recursos libres entre los miembros de la comunidad educativa. Si se impusiera el modelo de materiales autorizados por una autoridad central, y protegidos por licencias personales de uso, se estarían estableciendo barreras al intercambio de recursos libres entre profesores, entre alumnos, y entre profesores y alumnos, empobreciendo gravemente el sistema educativo.

• El proyecto “Escuela 2.0″ podría fomentar prácticas contrarias a la neutralidad tecnológica. La neutralidad tecnológica, que consiste en el uso de tecnologías que puedan ser libremente utilizadas, distribuidas y modificadas, podría sufrir restricciones debido al uso, por parte de editores y fabricantes de software, de formatos no abiertos y tecnologías no libres destinadas a impedir la copia y/o el uso sin autorización de sus productos. Es posible, también, que acuerdos comerciales entre editores y fabricantes de software den como resultado la exigencia del uso de determinado software privativo, como por ejemplo un sistema operativo determinado, para la utilización de ciertos recursos. El desprecio al principio de neutralidad tecnológica iría, además, en contra de la Ley de Acceso Electrónico de los Ciuadanos a las Administraciones Públicas.

Este proyecto, por lo tanto, no debería recibir el calificativo de “2.0″ sino “1.0″, y debería detenerse de forma inmediata su implantación para abrir un proceso de conversaciones entre administración, profesorado, editores, operadores y proveedores de software (tanto libre como propietario) en el que cada uno pueda exponer sus puntos de vista y sus necesidades, dentro de un marco de respeto a la neutralidad de la red, la neutralidad tecnológica, los principios de la “web 2.0″ y la legislación vigente. De lo contrario estaríamos frente a la imposición de unas medidas arbitrarias que minusvaloran la profesionalidad de los docentes y que trasladan la gestión de aspectos fundamentales del sistema educativo a las grandes empresas de las industrias cultural e informática.

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