El Caballero de la Triste Figura

Puede leerse, en la ley de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos (22 de junio de 2007)

Artículo 4. Principios generales.

La utilización de las tecnologías de la información tendrá las limitaciones establecidas por la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico, respetando el pleno ejercicio por los ciudadanos de los derechos que tienen reconocidos, y ajustándose a los siguientes principios:

b) Principio de igualdad con objeto de que en ningún caso el uso de medios electrónicos pueda implicar la existencia de restricciones o discriminaciones para los ciudadanos que se relacionen con las Administraciones Públicas por medios no electrónicos, tanto respecto al acceso a la prestación de servicios públicos como respecto a cualquier actuación o procedimiento administrativo sin perjuicio de las medidas dirigidas a incentivar la utilización de los medios electrónicos.

c) Principio de accesibilidad a la información y a los servicios por medios electrónicos en los términos establecidos por la normativa vigente en esta materia, a través de sistemas que permitan obtenerlos de manera segura y comprensible, garantizando especialmente la accesibilidad universal y el diseño para todos de los soportes, canales y entornos con objeto de que todas las personas puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones, incorporando las características necesarias para garantizar la accesibilidad de aquellos colectivos que lo requieran.

e) Principio de cooperación en la utilización de medios electrónicos por las Administraciones Públicas al objeto de garantizar tanto la interoperabilidad de los sistemas y soluciones adoptados por cada una de ellas como, en su caso, la prestación conjunta de servicios a los ciudadanos. En particular, se garantizará el reconocimiento mutuo de los documentos electrónicos y de los medios de identificación y autenticación que se ajusten a lo dispuesto en la presente Ley.

i) Principio de neutralidad tecnológica y de adaptabilidad al progreso de las técnicas y sistemas de comunicaciones electrónicas garantizando la independencia en la elección de las alternativas tecnológicas por los ciudadanos y por las Administraciones Públicas, así como la libertad de desarrollar e implantar los avances tecnológicos en un ámbito de libre mercado. A estos efectos las Administraciones Públicas utilizarán estándares abiertos así como,en su caso y de forma complementaria, estándares que sean de uso generalizado por los ciudadanos.

Algunos ejemplos ilustrativos, publicados en el BOE en lo que va de año, de como las administraciones públicas no siguen estas normas:

Ayuntamiento de Sant Joan Despí (Barcelona); Suministro de software y
las licencias de uso correspondientes de Microsoft Exchange, Office y SQL para la red informática municipal, mediante el programa de licencias
Microsoft Open Value; Importe total (euros). 252.000,00 euros (IVA
incluido);
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/063105

Servicio Riojano de Salud; Suministro en la modalidad de arrendamiento,
con opción de compra, actualización y soporte técnico de licencias de
uso de productos Microsoft; Importe total (euros). 356.595,69 euros;
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/040078

Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid;
Suministro de productos y soporte avanzado en la plataforma Microsoft; Importe de licitación estimado: 9.900.600,00 euros;
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/025134

Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid; Adquisición
de 1.819 licencias de Microsoft Office Professional 2003 para equipar diferentes dependencias municipales; Importe de adjudicación: Seiscientos setenta y tres mil setecientos noventa y tres euros con noventa y ocho céntimos (673.793,98 euros);
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/021111

Oficina Española de Patentes y Marcas; Adquisición y actualización de
licencias de productos Microsoft para la Oficina Española de Patentes y Marcas; Importe total (euros). 652.000 (seiscientos cincuenta y dos mil euros), IVA incluido;
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=anboe&id=2008/016033

Estos son solamente unos ejemplos ¿A cuanto ascenderá el presupuesto total, dedicado por las administraciones públicas españolas, a la adquisición de software propietario? ¿Está justificado semejante gasto?

Estas adquisiciones son innecesarias para trabajar con estándares abiertos, ya que las mejores aplicaciones ofimáticas para trabajar con estándares abiertos, como ODF, pueden descargarse de la web de modo libre, gratuito y legal.

Tampoco tiene sentido su adquisición para la utilización de los formatos antiguos de Microsoft, ya que se trata de formatos obsoletos que, en pocos años, serán abandonados por la propia Microsoft. Una muestra de lo absurdo de seguir trabajando en formatos obsoletos: de entre los ejemplos citados destaca especialmente la compra, por parte del Ayuntamiento de Madrid, de 1819 licencias de Office 2003, un software obsoleto (la versión actual es la Office 2007) que ya ha comenzado ha dar problemas de compatibilidad con algunos formatos antiguos, aún mas obsoletos, operación en la que van a consumirse 673.793,98 euros.

Los formatos ofimáticos mas modernos utilizados actualmente por Microsoft tienen una escasa implantación, y teniendo en cuenta la cantidad de críticas recibidas por Microsoft mientras intenta que su especificación OOXML sea admitida como estándar es bastante probable que los formatos ofimáticos actuales de esta empresa sean modificados en breve.

No es previsible, por lo tanto, que los formatos ofimáticos actuales de Microsoft alcancen el estatus de "estándares que sean de uso generalizado por los ciudadanos", mientras que los antiguos formatos dejarán de estar soportados cuando Microsoft estime que su ciclo de vida comercial se ha cumplido.

Aún en el caso de que hubiera algún problema para migrar los datos existentes en las distintas administraciones desde los formatos anteriormente usados a los formatos estándar ODF los casi doce millones de euros de las partidas arriba mencionadas hubieran sido mas que suficientes para financiar el desarrollo del software necesario para solventar dichas dificultades, software que hubiese quedado a disposición de cualquier administración o particular que lo hubiese necesitado.

No es justificable, bajo ningún punto de vista, el actual despilfarro que las administraciones públicas españolas realizan en la adquisición de software propietario.

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