Hispalinux se posiciona en contra de las desconexiones de Internet sin intervención judicial
Copio y pego del blog de Hispalinux:
Paquete Telecom: El Parlamento falla a Europa y da luz verde a una "Patriot Act" contra Internet
Con todos sus problemas, la interceptación en España de las telecomunicaciones exigía una autorización judicial.
El pasado jueves un exultante y festivo Parlamento Europeo, secundado por numerosas asociaciones y grupos aparentemente defensores de nuestras libertades, celebraban el éxito del final de algunas de nuestras garantías judiciales fundamentales.
El pretexto era que para interrumpir –definitivamente- el acceso a internet iba a ser necesaria una decisión judicial. A cambio de esto, que es menos de lo que ya teníamos (¡), quedaba a salvo el propósito último de los Gobiernos y de toda su utópica sociedad del control que consiste en que ellos, o incluso terceros delegados por ellos (como sucede en Francia) inspeccionen la información privada que transita por la red sin control judicial previo. En la era de la información y la comunicación esto es obtener el acceso al poder con mayúsculas para los Gobiernos europeos y sus aliados corporativos.
Así, muchos políticos celebraban como un gran logro la obtención de "el derecho a ser oído (...) y el derecho a una revisión judicial efectiva y oportuna" para un ciudadano:
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/052-63798-309-1...
Sin que el olor a fracaso les importunara o les hiciera sentirse aludidos, olvidaron que PRECISAMENTE ESTO es lo que ya se celebró en Europa en 1789 y 1812, ellos sólo tenían que sumar algo más a lo ya obtenido hacía siglos. Así la ignorancia e incluso la traición consciente de muchos politicos y la ingeniería social de las entidades de gestion y las operadoras de telefonía (no nos olvidamos de REDTEL que, formidable casualidad, había alcanzado un compromiso con la Coalición de Creadores poco tiempo antes), lograron que la interceptación de las comunicaciones digitales acabase siendo una posibilidad legal en Europa. Porque, ¿qué nos han conseguido?:
“un procedimiento previo, justo e imparcial" garantizando "el derecho a ser oído (...) y el derecho a una revisión judicial efectiva y oportuna", es decir una interceptación legal de nuestras comunicaciones, y si como consecuencia de esto quieren desconectar nuestro acceso a la red un proceso administrativo con “una revisión judicial efectiva y oportuna" al final.
Efectivamente, los ciudadanos europeos, una vez más se levantaban con menos derechos gracias a sus representantes en Europa, y eso sí, nos lo pagan con parte de lo que ya teniamos a cambio de lo que nos arrebatan.
En España desde la Constitución de 1869 se prohíbe la intervención de la correspondencia a la autoridad gubernativa. La actual constitución española del año 1978, en su artículo 18.3 consagra el derecho al secreto de las comunicaciones, el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de 1950 en su artículo 8.2, el convenio 185 del Consejo de Europa sobre Cibercrimen –que es derecho interno español- define de manera extensa el secreto de las comunicaciones incluyendo “cualesquiera datos informáticos relativos a una comunicación, que indiquen el origen, destino, ruta, hora, fecha, tamaño y duración de la comunicación o el tipo de servicio subyacente”. Asimismo cualquier dato que un prestador del servicio posea del abonado como datos del tráfico, de su contenido, del tipo de comunicación, la identidad, la dirección física, facturación, pago, lugar donde se localizan los equipos de comunicación, tiempo del servicio, y otros aspectos técnicos relativos a él. Más aún, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos establece que para que una intervención pueda aprobarse debe haber suficiente certeza y previsibilidad de que la misma tendrá éxito para la comprobación de un delito concreto (caso Malone, 2 de agosto de 1984) denunciando que la indeterminación de la causa para la intervención y falta de evidencia de conducta delictiva como elementos propios del abuso y arbitrariedad de la Administración Pública.
¿Cual es el marco legal que cabe esperar? Hemos hecho un análisis legal a conciencia y creemos que los límites legales de la nueva regulación están bien trazados en la Sentencia 2009-580 del CONSEJO CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA FRANCESA.En un esfuerzo Hispalinux ofrece UNA traducción al castellano de esa sentencia, realizada por la abogada y traductora jurada Isabel Sanuy, miembro de la Junta de Hispalinux.
http://hispalinux.es/sites/hispalinux/files/Sentencia-2009-580.pdf
En España no dudamos que para el control de Internet se constituirían soluciones similares –o asimilables- a las de los Consejos de lo Audiovisual, recordemos la Ley 22/2005 del Audiovisual de Cataluña que convirtió al Consejo del Audiovisual de Cataluña en una jurisdicción especial y reformó, de forma radical, el tratamiento jurisdiccional de la libertad de expresión en esa Comunidad Autónoma. Ese organismo contaba con poderes tan excepcionales que podría acordar la suspensión del servicio televisivo y radiofónico en toda Cataluña durante meses. En aquella época cuestionábamos que pudieran afectar a internet, ahora la legislación europea se lo ha simplificado.
Con esta nueva regulación (el Paquete Telecom) nuestras fiables Administraciones Públicas y sus colaboradoras necesarias, las operadoras de telefonía, podrán generalizar la investigación sobre la vida privada de muchísimos ciudadanos y empresas europeas, que hasta ahora tenían una expectativa de intimidad en sus comunicaciones electrónicas, y así tirar a la papelera nuestra tradición jurídica y algunos de nuestros derechos fundamentales.
Esta intervención será generalmente desconocida por los ciudadanos, y eso sí, sin autorización judicial, abarcando las comunicaciones digitales de personas y empresas, y el tratamiento de sus datos de carácter personal vinculados con sus comunicaciones fuera del marco de un procedimiento judicial. La primera fase de las intervenciones no será preciso hacerlas conocer a los afectados y responderán a finalidades que en la mayor parte de las veces no van a ser objeto de ningún control judicial real.
Naturalmente, sólo y para el caso de que se tomen medidas del tipo interrupción del servicio de telecomunicación, tendrán los ciudadanos acceso a una revisión por un juez. El Parlamento Europeo ha convertido a Europa en una nueva república de Weimar con el pretexto de regular internet.
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Sentencia-2009-580.odt | 42.85 KB |
| Sentencia-2009-580.pdf | 113.1 KB |
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Publica el Jueves una viñeta a propósito de el Partido Pirata sueco que, bromas aparte, expresa el hecho de que el Partido Pirata español siga siendo un desconocido para la mayor parte de la población.